MOVILIDAD

El transporte público pide una Ley Nacional de Financiación

La asociación del transporte urbano colectivo ATUC propone que parte de los impuestos medioambientales se destinen a financiar el sistema de transporte público. En la actualidad, su coste ronda los 5.000 millones de euros, de los que aproximadamente la mitad son sufragados por los billetes de los usuarios.

La asociación del transporte urbano colectivo ATUC propone que parte de los impuestos medioambientales se destinen a financiar el sistema de transporte público. En la actualidad, su coste ronda los 5.000 millones de euros, de los que aproximadamente la mitad son sufragados por los billetes de los usuarios.

La otra parte se obtiene de recursos públicos, a los que se podría incorporar una nueva vía de financiación con lo que se recaude de los carburantes. Precisamente, esta recaudación podría recaer principalmente en las comunidades autónomas si se concreta la propuesta de transferencia del grueso de la fiscalidad medioambiental del Gobierno a éstas, e incluiría una subida de impuestos al diésel, después de que Bruselas diera un toque de atención a España por la baja tributación de los carburantes en comparación con el resto de los países europeos. El margen potencial de recaudación en esta partida, si se situara en la media europea, es de 6.000 millones de euros, de la que una parte podría servir para costear el sistema del transporte público. Todo ello debería recogerse además en una Ley de Financiación del Transporte Público de ámbito nacional, que no existe actualmente en España, y que serviría de marco para ordenar la financiación del transporte público, fijando las responsabilidades de cada administración y sus aportaciones.

ATUC también recuerda que la financiación del transporte público a partir de impuestos a los carburantes ya existe en otros países. Es el caso de Alemania, que tiene establecido un impuesto llamado “Mineralösteuer”, consistente en un céntimo “verde” que grava el consumo de productos petrolíferos para financiar el transporte público y que responde a la máxima europea de “quien contamina, paga”. Para ATUC el objetivo de los impuestos ambientales es modificar el comportamiento de los actores contaminantes para reducir el daño ambiental que provocan.

Por ello, según ATUC estos impuestos no sólo deben penalizar al vehículo privado, sino también ayudar en la solución, como es el transporte urbano colectivo. De hecho, las emisiones generadas por los turismos representan más del 80% de las generadas por el transporte en el ámbito urbano, cuando en el reparto modal de la movilidad urbana en las grandes ciudades menos del 25% de las personas se mueven en coche.

En cambio, la aportación de los autobuses no solo supone un irrelevante 1,32% sino que su circulación consigue además reducir por decenas el número de automóviles privados en movimiento. Y es que el transporte público no se puede considerar un contribuyente a la contaminación del aire, sino que siempre resta.

Para el secretario general de ATUC, Jesús Herrero, “teniendo en cuenta el impacto del transporte público urbano en la reducción de las emisiones, su contribución a la reversión del cambio climático y la disminución de la congestión en los núcleos urbanos, su financiación debería sufragarse a través de los impuestos ambientales por los que viene apostando ya Bruselas con el fin de provocar cambios de comportamiento en los agentes contaminantes”. La Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Colectivos Urbanos (ATUC) agrupa a las empresas de transporte público de España, trabajando por una movilidad sostenible y la mejora continua de un sector que genera más de 25.000 empleos y mueve más de 5.000 millones de euros al año en facturación. Gracias a las compañías de bus, metro, tren y tranvía que integran este colectivo, más de 3.000 millones de personas pueden viajar al año. Más información en www.atuc.es