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20 propuestas para activar la rehabilitación energética de los edificios

La alianza ‘Rehabilitar el Futuro’, que integra a los principales actores del sector de la eficiencia energética en la edificación, ha propuesto al Gobierno la adopción de 20 medidas para activar la rehabilitación energética de edificios y aprovechar su potencial como motor de la recuperación económica y de la lucha contra el cambio climático.

La rehabilitación energética de edificios tanto residenciales como terciarios, genera de forma inmediata efectos positivos en la economía, al tiempo que reduce las emisiones y mejora la calidad de vida de los ciudadanos. En la Estrategia a Largo Plazo para la Rehabilitación Energética del Sector de la Edificación en España (ERESEE 2020) que el Gobierno remitió la semana pasada a la Comisión Europea, se estima que solo la intervención en la envolvente térmica de 1,2 millones de viviendas y en las instalaciones térmicas de 3,85 millones movilizaría entre 2021 y 2030 una inversión de 27.112 millones de euros, de los que únicamente el 27% procedería de fondos públicos.

Estas actuaciones generarían, según la ERESEE 2020, entre 33.000 y 88.000 puestos de trabajo al año (51.200 empleos de media anual entre 2021 y 2030), que además no se pueden deslocalizar, lo que representa un aumento adicional del 0,44% sobre el empleo previsto en 2030, con una aportación incremental del 0,47% al PIB estimado para ese año.

Asimismo, la estrategia remitida a Bruselas por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana calcula un ahorro de 7.206 millones de euros en la factura energética de los hogares; un impacto positivo en las cuentas públicas (se prevén unas necesidades de financiación del gasto público de entre 219 y 1.000 millones de euros anuales y unos ingresos fiscales adicionales de entre 1.027 y 4.113 millones de euros al año), y un aumento en la renta disponible de los hogares en todos los tramos de renta, pero con una incidencia sensiblemente superior en los tramos más bajos (del 1,7% y el 1,52% en los dos quintiles de la población con menor renta, respectivamente).

La eficiencia energética es la primera fuente de energía sostenible en el mundo y un 30% de dicho potencial se esconde en los edificios. Los edificios, tanto los residenciales como los del sector terciario son uno de los elementos que más contribuyen al calentamiento del planeta y a la contaminación: es responsable del 40% del consumo de energía final y de un tercio de las emisiones de CO2.
En España, el 80% de los edificios es ineficiente en términos energéticos (certificación energética E, F o G). Asimismo, más de la mitad del parque edificatorio tiene más de 40 años y es anterior a la introducción de cualquier normativa en materia de aislamiento energético.

La eficiencia energética es la primera fuente de energía sostenible en el mundo y en torno a un 30% de dicho potencial se esconde en los edificios. El parque inmobiliario es uno de los elementos que más contribuyen al calentamiento del planeta y a la contaminación: Es responsable del 40% del consumo de energía final y de un tercio de las emisiones de CO2.

La Alianza ‘Rehabilitar el Futuro’ se puso en marcha el pasado mes de junio con Greenward Partners, la primera empresa de activación de capital ecológico de España, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos (ANESE), la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3e) y Green Building Council España (GBCe), como promotores. Desde entonces, se han adherido a la plataforma hasta dieciocho entidades del sector. Los firmantes del manifiesto presentado por la alianza ‘Rehabilitar el Futuro’ veinte líneas de actuación:

1. El reconocimiento explícito del carácter de interés general prioritario de la eficiencia energética de las edificaciones y su plasmación explícita en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

2. La creación del pasaporte energético, que agilice las licencias administrativas para reformas energéticas, en consonancia con el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

3. La introducción de bonificaciones impositivas y desgravaciones que incentiven la mejora de la eficiencia energética de las viviendas y, en particular, las actuaciones dirigidas a la reducción de su demanda energética.

4. La inclusión de la eficiencia energética dentro de las obligaciones de conservación de los edificios residenciales en multipropiedad y el carácter preferente de los créditos derivados de su financiación.

5. La creación de un marco jurídico que facilite mecanismos financieros de colaboración público-privada para la rehabilitación de edificios, que permitan acometer estas actuaciones sin recurso a los presupuestos públicos ni desembolso inicial para los propietarios, como por ejemplo el Programa para la Activación de Capital Ecológico (PACE), que funciona de forma eficiente en otros países.

6. El fomento y el apoyo de iniciativas que permitan la agregación de proyectos de eficiencia energética en carteras de proyectos, convirtiendo así estas carteras en productos más fácilmente financiables gracias a su mayor volumen y estandarización.

7. La regulación de la hipoteca verde para la financiación de renovaciones energéticas en edificios.

8. La implantación de un sistema de auditoría de eficiencia energética de los edificios que lleve aparejado obligaciones de conservación y mejora (ITV energética).

9. La habilitación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética como vehículo facilitador de reformas energéticas en vivienda social, sectores vulnerables y en pobreza energética.

10. La puesta en marcha de mecanismos de mercado para la certificación y monetización de Certificados de Eficiencia Energética y su utilización como alternativa de contribución en especie al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

11. Inclusión del sector de edificación en el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, de forma que se ponga en valor la decisiva contribución a la descarbonización de la eficiencia energética en edificios, e inscripción de los edificios en el Registro de huella de carbono de la Oficina Española de Cambio climático que recoge los esfuerzos en el cálculo, reducción y compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero.

12. La creación de ventanillas municipales únicas para la agilización, impulso, comunicación y gestión de programas locales de renovaciones energéticas.

13. Apostar por los programas de capacitación y cualificación laboral urgente y por la certificación de las empresas capacitadas para llevar a cabo proyectos de eficiencia energética, así como el fomento del ecoetiquetado en los productos a utilizar en los proyectos de rehabilitación energética, que indican información sobre los aspectos ambientales de un producto de construcción a lo largo de todo su ciclo de vida.

14. La ejemplaridad de la Administración Pública al hacer efectivo el compromiso nacional de renovación anual de un 3% de su parque edificatorio y elevarlo a un 6%.

15. La creación de un Banco Verde especializado en la canalización eficiente de fondos públicos y catalización de capital privado en financiación de proyectos de eficiencia energética y activos de energía distribuida. En paralelo, o como medida adicional, se propone la creación de un Fondo de Garantías.

16. El impulso y apoyo a la proliferación de comunidades energéticas, la facilitación de venta de servicios de demanda y flexibilidad, la agrupación de activos de energía distribuida en mini-redes y una mayor democratización del sistema energético.

17. La promoción de la implantación de Sistemas de Gestión Energética como vehículo fundamental para mejorar de manera continua la eficiencia energética en las empresas y sus edificaciones.

18. Potenciación de la coordinación horizontal interministerial, y entre los distintos niveles de la administración estatal, autonómica y municipal.

19. Incorporación de mecanismos financieros equilibradores que faciliten que la transición ecológica y económica sea también una transición justa, reduciendo la pobreza energética.

20. La creación de una Comisión de Seguimiento, integrada por asociaciones del sector, con el objetivo de apoyar, asesorar y difundir las medidas plasmadas en la Ley de Cambio Climático y Transición Justa relacionadas con la edificación.

 

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