En octubre del 2015, 210 ciudades en todo el mundo, entre ellas Barcelona, firmaron el Pacto de Políticas Alimentarias Urbanas de Milán, un por el que se comprometían a impulsar sistemas agroalimentarios sostenibles, inclusivos, resilientes, seguros y diversificados, para asegurar comida saludable y accesible a todas las personas. El gran objetivo de este compromiso es reducir el desperdicio alimentario, preservar la biodiversidad y, a la vez, mitigar los efectos de la crisis climática.
Desde entonces diversas ciudades han acogido este foro global: en 2016, Roma; en 2017 Valencia; en 2018 Tel-Aviv; en 2019 Montpellier. En 2020 le correspondía a Mérida (México) pero se tuvo que cancelar debido a la pandemia. Cada edición se ha focalizado en un tema. Así, en Montpellier se centró a la interconexión entre la alimentación sostenible, la ecología, la equidad y la solidaridad. El foro de Barcelona estará dedicado al nexo entre alimentación y emergencia climática.
Instrumentos útiles para las ciudades
El Pacto de Milán es fruto de la Expo 2015 “Alimentar el Planeta, Energía para la Vida”, celebrada en la capital de la Lombardía. Con este documento se estableció un marco estratégico de acción, cuyo propósito era ofrecer una serie de instrumentos a las ciudades interesadas en conseguir un sistema alimentario más sostenible.
En este sentido, el pacto comprende 37 medidas para la acción que se agrupan en 6 ámbitos temáticos.
El primero de ellos comprende las iniciativas para la gobernanza donde se incluyen: la colaboración entre diferentes agencias y departamentos municipales; el nombramiento de un responsable de política alimentaria en cada ciudad; la transformación de las experiencias locales en programas y políticas municipales; y el desarrollo de estrategias de reducción del riesgo de catástrofes mejorando la resiliencia de los sistemas alimentarios urbanos.
El segundo ámbito está dedicado a promover una dieta y una nutrición sostenibles, con especial énfasis en las escuelas, los centros de atención y los mercados. Asimismo, incluye el desarrollo de directrices para una alimentación más saludable dirigidas a los proveedores de servicios alimentarios del municipio (contratación pública); o la lucha contra las enfermedades asociadas a dietas inadecuadas, entre ellas la obesidad.
El tercer ámbito recoge medidas orientadas a asegurar la equidad social y económica como garantizar el acceso a comida sana a los segmentos más vulnerables de la población; redefinir los programas de alimentación de los comedores escolares; y promover unas relaciones económicas que permitan una retribución justa a las personas que trabajan en el ámbito alimentario y agrícola.
El cuarto ámbito se centra en la producción alimentaria tanto dentro de la ciudad (huertos urbanos) como en la periferia (agricultura periurbana). Para ello se busca promover una coherencia en las interacciones entre la ciudad y la producción alimentaria en las áreas rurales colindantes; así como proteger el acceso a los huertos comunitarios y a tierras municipales para producción agrícola local. El apoyo a este tipo de producción incluye la formación técnica y la asistencia financiera para hacerlo viable a largo plazo. En este ámbito se incluye también el fomento de cadenas de suministro alimentario cortas en el marco de la economía social y solidaria.
El quinto ámbito tiene como objetivo la mejora del abastecimiento y a distribución alimentaria asegurando el acceso a alimentos frescos y económicamente accesibles en los barrios de bajos ingresos y menos dotados de servicios, fomentando al mismo tiempo modos de transporte y logística sostenibles. En relación con la logística, se trata de conectar las áreas periurbanas con las áreas rurales colindantes, con el fin de garantizar el consumo de alimentos de temporada y reducir la inseguridad alimentaria. Igualmente se pretende apoyar a los mercados municipales públicos, los mercados agrícolas y los mercados informales.
Finalmente, el último ámbito incluye medidas con el propósito de limitar el desperdicio de alimentos en todas las fases de la cadena alimentaria. Se sugiere colaborar con instituciones educativas y de investigación y organizaciones comunitarias para reducir el desperdicio, así como favorecer, cuando sea posible, la recuperación y redistribución de alimentos, con riesgo de ser desechados, procedentes de la producción, el comercio, la restauración y la hostelería.
Desde 2016, La FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) viene colaborando con la secretaría del Pacto de Milán en el desarrollo de un conjunto integral de indicadores y directrices metodológicas para monitorizar las medidas recomendadas por el pacto.
Texto: Albert Punsola
Foto: Ayuntamiento de Barcelona