Los eléctricos superaron el 20% de cuota en el Espacio Económico Europeo en mayo, y en España ronda el 10%, dos puntos más que hace un año. Cada matriculación presiona sobre una red creciente que también tiene que atender la infraestructura para transporte pesado: apenas hay 201 puntos de recarga en todo el país. Un retraso que no solo responde a límites técnicos o de mercado, sino a también a la defensa interesada que ciertas voces hacen de la neutralidad tecnológica. Cada euro y cada mes que se destina a sostener ese debate es un euro y un mes que no aceleran la única solución para el transporte por carretera: el vehículo eléctrico de batería.
El marco regulatorio marca el rumbo. El PNIEC fija el objetivo de 5,5 millones de vehículos eléctricos en España en 2030, lo que exigiría 3,3 millones de puntos de recarga, la mayoría de titularidad privada, en hogares, garajes y centros de trabajo. El Reglamento europeo de Infraestructura de Combustibles Alternativos (AFIR, por sus siglas en inglés) obliga a un mínimo de potencia por vehículo eléctrico matriculado y a estaciones de recarga rápida cada 60 kilómetros en los corredores principales. Por su parte, la Ley de Movilidad Sostenible reconoce la vertebración territorial como principio, pero sigue sin haber instrumentos concretos.
En el ámbito urbano, el problema no es la ausencia de infraestructura sino su planificación. Un estudio reciente de la campaña europea Clean Cities, de la que forma parte ECODES, revela que en Madrid hay solo un punto de recarga pública por cada 1.000 habitantes, frente a 5,3 en París o 3,2 en Londres.
Pero el propio informe matiza que el número total importa menos que dónde se colocan y de qué tipo son: orientar la recarga hacia lugares de trabajo, destinos y garajes residenciales, con más potencia por punto, reduciría en un 20% los cargadores públicos necesarios. Ese ahorro supera el 25% si se suma una reducción del uso del coche.
En el ámbito rural e interurbano hay lugares donde el mercado podría no llegar nunca por falta de rentabilidad. Los municipios pequeños, los espacios protegidos y los corredores de baja intensidad de tráfico quedan fuera de la inversión privada. Aquí el reto es de cobertura básica; el apoyo público es indispensable.
A ambos diagnósticos se suman obstáculos comunes: la complejidad administrativa, la heterogeneidad de trámites entre comunidades, los retrasos en la conexión a la red eléctrica y la falta de un régimen sancionador que dé consecuencias reales al incumplimiento de plazos.
En el terreno de los incentivos, el Plan Auto+, con una dotación de 400 millones de euros y carácter retroactivo desde enero, ya está aprobado. A ello se suma el MOVES Corredores: 97 millones de euros para 341 proyectos de recarga rápida en 15 CCAA, centrado en eliminar zonas sombra en la red viaria. Un paso útil, pero pensado para quien viaja por carretera, no para quien vive en un municipio pequeño ni para quien no tiene plaza de garaje en su barrio.
Desde ECODES tenemos 8 prioridades y 37 propuestas para avanzar. Y es que conviene desmontar dos ideas: que en España hay pocos puntos de recarga y que el eléctrico solo tiene sentido si se puede cargar en casa, cuando una red pública, bien planificada, puede ser alternativa real. Los mimbres están: un mercado que crece, una capacidad industrial fuerte, un marco que marca el rumbo, y una idea de qué falta en cada territorio. Falta voluntad y planificación con ese detalle -urbano de un lado, rural e interurbano del otro- y dejar de mirar solo el número total de enchufes, como si fuera la única pregunta que importa (Foto de apertura: ICS/Depositphoto).
Autor: Cristian Quílez, responsable de transporte y movilidad de ECODES.
