Uno de los mensajes principales del informe es que América Latina y el Caribe deben aumentar su eficiencia en las inversiones en infraestructura y en la regulación de una nueva gama de servicios que tienen el potencial para transformar los sectores de energía, transporte y  agua.

De estructuras a servicios. El camino para una mejor infraestructura en América Latina y el Caribe extiende su análisis a las infraestructuras sostenibles, las energías renovables, las inversiones públicas, el transporte, la gestión del agua y el alcantarillado, el servicio de electricidad, el acceso a internet y la regulación de las infraestructuras.

Tres grandes apartados

Estos temas se tratan a lo largo de tres grandes apartados, un primero donde se describe el contexto; un segundo dedicado a la sostenibilidad y un tercero centrado en el futuro.

Respecto al contexto se pone de relieve que invertir más y mejor en infraestructuras es una decisión impostergable. América   Latina   y   el   Caribe   invierte   mucho   menos   que otras  regiones  en  desarrollo.  Entre  2008  y  2017  la  inversión  en este ámbito en América Latina y el Caribe fue de un 2,8% por año. Esto está muy por debajo de otras economías emergentes: un 5,7% en Asia Oriental y el Pacífico, un 4,8% en Medio Oriente y África del Norte y un 4,3% en Asia Meridional.

El apartado dedicado a sostenibilidad repasa el daño causado por los fenomenos climáticos extremos a las infraestructuras y reconoce que este tipo de fenomenos irá cada vez a más. Frente a ello propone el diseño de infraestructuras más resilientes y exhorta a los países a fortalecer sus legislaciones nacionales para mejorar la gestión del riesgo de desastres. En paralelo, reclama que siga el compromiso con la reducción de las emisiones ya que todos los países de la región ratificaron en su día el Acuerdo de París. Responder con hechos a este compromiso supone iniciar la transición hacia economías de cero emisiones.

El informe argumenta que la descarbonización ofrece muchas oportunidades para mejorar la economía de la región y de sus ciudadanos, si bien denuncia que la actualidad la planificación para este objetivo está mal enfocada y no permitirá cumplir con los objetivos de París. El informe hace explícita la necesidad de estrategias más ambiciosas a largo plazo y pone a Costa Rica como referencia para seguir.

El documento culmina con una amplia mirada hacia el futuro donde se analiza el papel de la transición digital y la descentrazión en la prestación de servicios básicos, así como las revoluciones que se esperan como consecuencia de la implementación de la  telefonía  5G,  los  vehículos  autónomos y la movilidad eléctrica  y  la  energía  solar generada en los hogares, la gestión del agua, sin olvidar las políticas de urbanas que tendrán que integrar todos estos factores. El informe afirma que planificar correctamente será clave del éxito.

El informe prosigue su mirada hacia el futuro evaluando del impacto del aumento de la eficiencia en las infraestructuras en la economía en general y, más concretamente, en la reducción de la desigualdad. Y concluye con una reflexión sobre el papel “vital” de la  regulación: si los gobiernos no crean las instituciones, los procesos y los instrumentos para fijar las reglas, la calidad de los servicios a la población seguirá siendo baja.

Texto: Albert Punsola