¿Podría ubicarnos el Sector de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible (CSD) en el organigrama del BID y resaltar sus principales competencias?

El Sector de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible se encuentra dentro de la Vicepresidencia de Sectores y Conocimiento del BID. Desde aquí asesoramos a los países de América Latina y Caribe sobre temas de cambio climático y desarrollo sostenible, así como preparamos políticas, estrategias y directrices operativas en estas áreas.

En la División de Desarrollo Urbano y Vivienda apoyamos a las ciudades de América Latina y el Caribe (ALC) a abordar la nueva agenda urbana, la cual viene definida por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, especialmente el ODS 11, y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, y la asignación de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) de cada país. Igualmente, en nuestra División conceptualizamos, preparamos, respaldamos la ejecución y monitorizamos las operaciones del BID enfocadas en el desarrollo de ciudades y vivienda.

Nuestro trabajo es transversal y apoyamos a otros sectores y divisiones del Banco para incorporar consideraciones de integralidad, de acuerdo con las prioridades del BID en nuestra ‘Visión 2025’, que es nuestra hoja de ruta para lograr una recuperación tras la pandemia de Covid basada en un crecimiento sostenible fortaleciendo áreas como la lucha contra cambio climático, la igualdad de género y la promoción de la transformación digital, entre otras cuestiones. La ‘Visión 2025’ también prevé abordajes multisectoriales para hacer que la región vuelva a crecer y para que el desarrollo urbano y la vivienda se encuadra en este planteamiento.

¿Qué proyectos más destacados están desarrollando en la actualidad y en qué ciudades o territorios?

En estos dos últimos años nos hemos concentrado principalmente en apoyar a las ciudades de la región en combatir los efectos y consecuencias de la pandemia del Covid. En 2020 dimos una respuesta rápida y flexible que permitiera la atención al ciudadano, particularmente a aquellos más vulnerables sin servicios básicos, y fortaleciera las capacidades sanitarias de los gestores urbanos. Ya en 2021, hemos promovido una recuperación verde e inclusiva.

A modo de ejemplo, me gustaría destacar dos programas en los que hemos estado trabajando. El programa de ‘Integración Urbana de Campamentos’ busca apoyar los esfuerzos de Chile en disminuir el número de familias viviendo en asentamientos informales, especialmente aquellos en áreas de riesgo, identificados y monitoreados con inteligencia artificial y conectados a proyecciones de efectos de cambio climático, a través del acceso a una vivienda digna, la urbanización y la integración socioeconómica de los hogares (incluyendo también a hogares migrantes).

En segundo lugar, en Colombia, estamos apoyando a la ciudad de Barranquilla en su visión de transformación como ‘biodiverciudad’. Para ello, se está llevando a cabo programas duales de mitigación y adaptación al cambio climático. Estos programas se centran en la conservación de sistemas urbano-costeros de manglares, el redesarrollo de corredores de tránsito ‘verdes’ que apoyan la movilidad no motorizada, la electrificación del transporte público y la descarbonización, así como en conseguir una mejora del drenaje en la ciudad.

Los impactos del cambio climático ya son evidentes a una escala global, pero ¿en qué manera inciden en las ciudades americanas? ¿Han mejorado en los últimos años su capacidad de resiliencia frente a estos impactos u otras crisis como la ocurrida con la pandemia del Covid?

Los patrones climáticos en ALC, al igual que en el resto del mundo, están cambiando. Las temperaturas están aumentando, existen variaciones en la frecuencia e intensidad de las precipitaciones, y se espera que los niveles del mar continúen subiendo. Si no se pone remedio, la región puede perder alrededor del 4% de su PIB por los impactos negativos del cambio climático en los próximos 15 años.

Además, se espera que alrededor de dos millones de personas caigan en la pobreza extrema en la región para 2030 debido a consecuencias relacionadas con el calentamiento global. Por otro lado, la acción climática también representa una oportunidad para la inversión pública y privada. En este sentido, la descarbonización de las economías puede llegar a crear 15 millones de puestos de trabajo netos para 2050 y aumentar un 1% el PIB para 2030.

Las ciudades son el corazón de la región: albergan un 81% de la población y suponen más de un 65% del PIB. Sin embargo, esta concentración de personas y activos las hacen especialmente vulnerables al cambio climático. Desde la División de Desarrollo Urbano y Vivienda del BID apoyamos a las ciudades de la región en el desarrollo de capacidades a través de iniciativas especificas localizadas. Un ejemplo de estas colaboraciones es el trabajo que realizamos junto con ASOCAPITALES, en Colombia, para la generación de inventarios de gases invernadero, y el desarrollo de capacidades para el avance de estrategias de descarbonización. No quisiera dejar pasar la oportunidad de mencionar los seminarios web de la Red de Ciudades, donde urbes y expertos de la región e internacionales comparten experiencias para encontrar soluciones a problemas comunes.

La desigualdad es un aspecto clave en las ciudades de ALC ¿Con qué herramientas cuentan sus gobiernos locales para combatirla?

De 2005 a 2015, la proporción de personas que viven en barrios informales en América Latina y el Caribe se redujo del 26% al 21% (ONU-Hábitat, 2016). A pesar de esta moderada mejora, la región no podrá prosperar si persisten los actuales niveles de desigualdad espacial. Para promover la inclusión social, es necesario revisitar políticas e instrumentos urbanos y de vivienda, a nivel local y a nivel nacional. Una mejora en la calidad de vida y en la distribución de oportunidades de empleo dentro de la ciudad requiere de nuevos instrumentos, inversiones e incentivos que promuevan el uso mixto de suelos; la diversidad social; las densidades inteligentes, y la definición de estándares de servicio, infraestructura, espacio público seguro y zonas verdes. Desde nuestra División consideramos que estas oportunidades deberían incorporar tres elementos clave.

El primero es la definición de nuevos objetivos en la planificación urbana que susciten un patrón de centralidades múltiples, poniendo a los barrios como unidades físicas, económicas y sociales a escala humana. La poli-centralidad bien coordinada a nivel metropolitano puede además mejorar la gestión de los mercados de suelo y los servicios compartidos (como el transporte o el agua), lo cual a su vez permite administrar mejor los bienes públicos (calidad del aire, escorrentías, etc.).

En segundo lugar, es importante un enfoque en la localización, pues se trata de definir incentivos que promuevan la construcción prioritaria en terrenos centrales baldíos o con bajas tasas de utilización (por ejemplo, terrenos ferroviarios o de industrias reubicadas). Estos incentivos deben incluir también la rehabilitación de conjuntos habitacionales, acompañados de la regeneración del hábitat en centros urbanos.

En tercer y último lugar, en materia de instrumentos de planificación creemos que debe considerarse el desarrollo de nuevos estándares de planificación que, además de tener en cuenta la relación entre la vivienda y el hábitat, sean eficientes y apropiados para las condiciones geofísicas, climáticas y culturales de la zona.

Los procesos de innovación social y tecnológicos también son muy importantes en esta región ¿Cómo apoya el CSD los procesos de regeneración urbana y social que combaten la pobreza y la desigualdad?

El Laboratorio de Ciudades (LAB) es la plataforma de innovación, diseño, y experimentación para el desarrollo urbano sostenible de nuestra División. El LAB desarrolla prototipos que surgen de procesos de co-diseño entre funcionarios del BID y actores locales, tales como autoridades, academia y la misma comunidad. No obstante, la participación ciudadana es el factor clave en todos estos procesos. A partir de estas intervenciones urbanas, evaluamos las experiencias analizando el éxito de los casos con el objetivo de compartir conocimiento, ampliar o replicar los pilotos implementados.

A través del LAB generamos conciencia y diseminamos conocimiento sobre iniciativas innovadoras, proporcionamos un espacio de prueba y evaluación a pequeña escala antes de proceder a replicar y creamos capacidades técnicas dentro de las municipalidades para transversalizar la innovación. Entre las herramientas con las que contamos destacamos el diseño colaborativo, la participación comunitaria y el urbanismo táctico. Todos ellos son instrumentos para generar apropiación y asegurar una visión colectiva de la comunidad.

La Nueva Agenda Urbana (Quito, 2016) insiste en que las ciudades necesitan reforzar sus capacidades económicas locales para generar empleo y calidad de vida ¿En qué colabora el CSD a promover este tipo de economías urbanas?

En gran medida, la productividad de ALC depende de unas pocas ciudades, con el riesgo de que toda la economía regional pueda desestabilizarse por perturbaciones económicas en ellas. El crecimiento físico de la ciudad influye, frecuentemente, en los niveles de conexión y congestión, la logística y la capacidad de las ciudades de adaptarse y promover el potencial del sector privado.

Desde el BID trabajamos activamente en generar capacidades en las ciudades que potencien las asociaciones público-privadas y fortalezcan el papel de las agencias de desarrollo económico local. A nivel comunitario, también estamos fomentando el valor singular que tienen las industrias creativas y culturales en las ciudades de la región, algo que está ligado a la regeneración y puesta en valor de los barrios patrimoniales y al potencial turístico y de generación de empleos que tienen estos factores.

¿Cómo pueden mejorar las ciudades los servicios urbanos tan necesarios para el bienestar de la población, como el sistema de agua, de transporte o electricidad?

Se calcula que al menos 105 millones de personas viven actualmente en barrios que carecen de uno o varios servicios municipales básicos (como electricidad, agua y saneamiento). En Argentina, por ejemplo, se estima que más del 98% de los hogares de barrios informales no tiene acceso al servicio municipal de alcantarillado y casi el 94% no está conectado a la red de suministro de agua. Más aún, solo el 30% había tenido acceso a algún servicio de salud en los últimos 12 meses (RENABAP, 2020).

El BID trabaja de manera conjunta con las ciudades de la región para mejorar la provisión de redes de servicio troncales. Así mismo, concentramos esfuerzos cuyo objetivo es dar atención a las áreas más precarias, a la informalidad y a las ubicaciones remotas, suministrando servicios focalizados de regularización, provisión descentralizada comunitaria e incorporación en planes urbanos.

El espacio público y su valor social es un elemento que está en plena revisión, en muchas ocasiones por los procesos de renaturalización urbana o por la mejora de la movilidad de la ciudad ¿Cómo se trabaja desde el CSD para promover espacios públicos seguros y de calidad para el uso de la ciudadanía?

Las políticas de ámbito local encaminadas a aumentar el acceso a espacios públicos se centran en la reducción de la violencia y la supresión de barreras físicas que limitan el acceso a dichos espacios, partiendo del principio de que el uso común de espacios públicos puede facilitar la buena convivencia.

Además, es importante crear espacios públicos inclusivos, teniendo en cuenta las necesidades de la población en su totalidad, incluyendo personas con discapacidad, niños y ancianos. Como argumentamos en una publicación reciente, las ciudades deben de ser construidas para que todas las personas puedan acceder físicamente a los espacios públicos y beneficiarse de los servicios. Desde el BID apoyamos esta temática de forma transversal en las operaciones (a través, por ejemplo, del diseño universal) y de la diseminación del conocimiento.

¿Qué papel juegan las llamadas ciudades intermedias en América Latina y el Caribe?

Las ciudades de tamaño medio en ALC representan el 20% de la población de la región y están creciendo a un ritmo del 3%, superando la tasa de crecimiento de las ciudades más grandes, que es inferior al 1,9%. Las ciudades son nodos de crecimiento, pero su competitividad y capacidad para aprovechar las oportunidades de colaboración se derivan de la capacidad de conectarse con otras ciudades y su entorno. La región tiene pocos ejemplos de políticas de desarrollo urbano regionalmente equilibrado, ya sea en redes, corredores o conurbaciones. Un ejemplo es el ‘Sistema de Ciudades’ de Colombia. Éste surge de la identificación de relaciones funcionales que superan el límite político-administrativo municipal y es una de las pocas instancias en la región que propone una planificación y desarrollo territorial estructurado a través de múltiples redes. Por otro lado, iniciativas a lo largo de los corredores bioceánicos Este-Oeste del Mercosur –que atraviesan Brasil, Argentina y Chile– promueven la colaboración entre ciudades, aprovechando los beneficios derivados de las relaciones comerciales y económicas.

Para que las ciudades intermedias alcancen su máximo potencial, se necesitan esfuerzos adicionales, incluido el desarrollo de políticas nacionales de urbanización que, más allá de regular el gobierno local y las agencias coordinadoras permitan el desarrollo de ciudades emergentes de tamaño mediano como nuevos polos de crecimiento; promuevan la planificación económica, territorial y de infraestructura integrada; generen incentivos para que las ciudades colaboren entre sí, en lugar de competir, e incentiven la diversificación de funciones productivas.

Finalmente, ¿qué medidas se pueden impulsar para mejorar el acceso a la vivienda normalizada reduciendo así los asentamientos informales?

Los países de ALC se enfrentan a déficits habitacionales, cualitativos y cuantitativos, como resultado de la falta de vivienda accesible para los segmentos de menores ingresos. Tres causas siguen dominando:

En primer lugar, existen barreras de acceso al mercado formal de la vivienda por razones económicas, legales o de financiación. Estas barreras incluyen la imposibilidad de generar ingresos suficientes para acceder a soluciones habitacionales formales, el crecimiento vegetativo de la población hacinada o allegada que reside en la ciudad formal, así como el aumento sostenido de los flujos migratorios vulnerables.

En segundo término, están los  procesos de formalización y de provisión de servicios esenciales, a menudo asociados con emplazamientos en terrenos precarios o expuestos a riesgos que, a menudo, presentan condiciones y normativas que dificultan su regularización. No obstante, tampoco debemos pasar por alto a los instrumentos y reglamentaciones urbanas inflexibles o desactualizadas

En tercer lugar, encontramos que la existencia de barreras de inclusión socio-urbana de los hogares formalizados dificulta la ruptura de los círculos intergeneracionales de pobreza y amenaza su permanencia en la ciudad formal.

La región se ha centrado principalmente en resolver el problema de vivienda con soluciones de adquisición, vivienda nueva y apoyando al segmento formal (y ‘bancarizable’). Estas prioridades generan problemas de asequibilidad para los segmentos con menos ingresos, así como de acceso al sector informal. Creemos que la región necesita ampliar su oferta de soluciones de vivienda proporcionando una mejora de modelos alternativos de propiedad y alternativas a la propiedad.

Necesitamos una mejora habitacional y del hábitat. Como argumentamos en nuestro libro ‘Vivienda ¿qué viene? De pensar la unidad a construir la ciudad’, es necesario reorientar esfuerzos para concentrarse en la mejora habitacional y del hábitat en asentamientos establecidos, seguros y bien ubicados. Esto se pude conseguir a través de la regularización y la titulación, combinadas con soluciones de micro-financiación y acceso a crédito, así como con una mejor focalización de los subsidios.

También es necesario fomentar modelos alternativos como el cooperativismo o asociaciones de vivienda con cesión a largo plazo de inmuebles en desuso a través de la covivienda como fórmulas que fomentan una buena gestión comunitaria y sostenible.

Igualmente, hacen falta alternativas a la adquisición en un mercado aún en expansión, como es la vivienda en alquiler. Países como Chile han tenido una exitosa experiencia en la provisión de subsidios de alquiler. Estos aprendizajes están generando interés y proyectos en otros países.

Texto: Carlos Martí

Fotos: BID