Con  la participación de todas las ciudades activas de la red, CIDEU celebró el pasado 8 de octubre su asamblea anual 2020, inicialmente prevista para celebrarse en Zaragoza en junio pasado y aplazada a causa de la pandemia. En esta reunión se escogieron las nuevas autoridades de CIDEU para el período 2020-2022. La presidencia de la red recayó en la ciudad de Zaragoza, asumida por su alcalde, Jorge Azcón, y la vicepresidencia en la ciudad de Bogotá, representada por su alcaldesa Claudia López (en la foto superior). Además, se incorporaron como nuevos vocales del Consejo Rector, las ciudades de Lanús (Argentina), Caguas (Puerto Rico) y Puebla de Zaragoza (México).

Laura Pérez, Secretaria General de CIDEU y Tenienta de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona; y Rosa Arlene María, Directora Ejecutiva de CIDEU, destacaron los principales avances de la red en el último año, en cuanto al fortalecimiento de diálogo entre ciudades, la facilitación de espacios de intercambio y el impulso de alianzas estratégicas con otros actores.

Como colofón, las ciudades miembros de la red acordaron suscribir la Declaración Iberoamericana CIDEU 2020, en la que reafirman la importancia del pensamiento estratégico urbano para gestionar los nuevos desafíos que plantea la gestión de las ciudades en la crisis de la pandemia.

Declaración Iberoamericana CIDEU 2020

En el momento de la realización de esta Asamblea General, de CIDEU se han infectado más de 36 millones y las muertes provocadas por la enfermedad han superado el millón de personas, pudiendo subir exponencialmente estas cifras por la lentitud en la llegada de tratamientos y vacunas que mitiguen estos resultados. Más allá de los efectos en la salud, según CEPAL, la economía se contraerá 9,1% en América Latina, trayendo consigo un desempleo de 13,5% e incorporando a la pobreza a 45 millones de habitantes.

Tratándose además de la región más urbanizada del mundo, con tres cuartas partes de su población habitando en ciudades, las implicaciones repercuten prioritariamente en ellas, que han visto disminuida repentinamente la condición de bienestar social que pueden proporcionar a sus habitantes.

En ese sentido, la Asamblea General de CIDEU, considera:

que la salud como valor esencial, en relación con el desarrollo urbano, atraviesa por una grave crisis global que las ciudades afrontan combatiendo brechas históricas agudizadas por la pandemia, orientando grandes esfuerzos hacia el bienestar social y el equilibrio ambiental, en medio de inusitadas supresiones temporales de derechos constitucionales, restricciones para ejercer la actividad económica y limitaciones a la libre movilidad.

Que los gobiernos locales, desde su responsabilidad de preservar la convivencia social, aún en circunstancias tan adversas, hacen considerables sacrificios por sostener la dotación de servicios para atender las demandas ciudadanas, a fin de fomentar y afianzar el valor de lo público, como principio fundamental de la convivencia. Paralelamente, han sido asistidos por iniciativas creativas y solidarias de la sociedad civil que han paliado innumerables carencias y deficiencias.

Que urge la revalorización del pensamiento estratégico urbano para asegurar que las intervenciones de contingencia no se aparten del modelo de ciudad que hemos apostado en las últimas décadas, en la que la estrategia debe asumirse como elemento activo, flexible, y fácilmente reprogramable para afrontar los renovados desafíos que se plantean a la ciudad, cuando es preciso identificar lo que debe cambiar, porque la obstaculiza, y lo que debe preservar, porque le aseguran estabilidad, creatividad, confianza y sostenibilidad, y motivan la construcción de democracias renovadas.

Que los gobiernos locales deben afrontar el desafío de reflexionar autocríticamente acerca de las lecciones que deja este período: abrir debates, reunir esfuerzos, involucrar a ciudadanos y ciudadanas para trabajar en conjunto y encaminar el rumbo hacia las “nuevas ciudades”, con la planificación estratégica como instrumento de orientación y los Objetivos de Desarrollo Sostenible como carta de ruta, en especial el ODS 17, en un contexto en que las alianzas, la solidaridad, la cooperación y la transferencia de conocimientos, experiencias y recursos para atender las demandas surgidas, son imprescindibles.

Que la vivienda digna, la proximidad de los ciudadanos con sus empleos, actividades principales y servicios públicos, la movilidad eficiente que privilegia desplazamientos peatonales, en bicicleta y en transporte público adecuado, y el espacio público accesible y seguro, conforman un ámbito deseable para la recuperación de las ciudades, porque potencian los intercambios, la diversidad de las manifestaciones culturales y el acceso equitativo a servicios de calidad. Este nuevo escenario plantea una inminente e ingeniosa reprogramación de las relaciones sociales e institucionales, pero también la estructuración económica de la ciudad en el futuro.

En consecuencia, la Asamblea de Ciudades Iberoamericanas DECLARA:

Que reafirma la importancia de definir un modelo de ciudad a largo plazo que, aún en tiempos de importantes turbulencias, proporciona la estrategia urbana, sabiendo que una visión clara y concreta de la meta a alcanzar permite que se puedan corregir rutas críticas y proyectos a través de itinerarios de transición que permitan ajustes y reprogramaciones.

Que es necesario integrar el conocimiento técnico y científico, con la experiencia ciudadana sistematizada, especialmente aquellos que generen empleo, emprendimiento y producción, bajo actuales y nuevos supuestos económicos, que cuiden el impacto en el medio ambiente y propendan a la inclusión laboral y productiva, con énfasis en aquellos dirigidos a grupos sociales afectados por el desempleo y por pérdida de oportunidades económicas o de asistencia social.

Que urge promover la humanización de las estrategias, para dar mayor valor a los temas de salud pública, reducción de las desigualdades sociales y fomento a la sostenibilidad, sobre aquellas que se basan de manera casi exclusiva en la competitividad económica y tecnológica.

Que las iniciativas de pertenencia social, que han persistido o surgido en la pandemia, deben transformarse en oportunidades de incentivo para la economía popular, especialmente aquellas que puedan convertirse en emprendimientos sociales o ambientales con alta significación para las culturas locales.

Que hay que posicionar en la agenda internacional la necesidad de formular propuestas financieras que contrarresten los déficits y deudas contraídas por los gobiernos locales, para restituir la credibilidad institucional, a través de la gestión eficiente y transparente de los recursos; de impulsar marcos regulatorios modernos que promuevan la planificación estratégica participativa, y de acompañar y apoyar los esfuerzos ciudadanos para superar solidariamente la grave crisis que enfrenta nuestra región y el mundo.