La pandemia nos dejó una lección especialmente clara: la movilidad es intrínseca a la libertad. Cuando se limitó nuestra capacidad para desplazarnos, comprendimos hasta qué punto movernos forma parte de nuestra autonomía, de nuestras relaciones y de nuestra vida cotidiana. De nuestra salud física y mental.
Hablar de movilidad no es hablar únicamente de infraestructuras o medios de transporte. Es hablar de derechos, igualdad de oportunidades, seguridad, salud y calidad de vida. Una política pública de movilidad funciona cuando permite que cualquier persona, viva en una gran ciudad o en un pequeño municipio, tenga o no limitaciones temporales o permanentes, pueda desplazarse de forma segura, accesible y asequible.
El lema de este año de la Semana Europea de la Movilidad, ‘Movilidad para todas las personas’, expresa perfectamente ese objetivo. Una ciudad solo puede considerarse verdaderamente habitable si pertenece a todos: a los niños, a los mayores, a quienes tienen una discapacidad física, sensorial o cognitiva, y a quienes, en algún momento de su vida, ven reducidas sus habilidades.
Para esas personas, una escalera puede convertirse en una frontera insalvable. A quien necesita bajar cientos de peldaños para comprar el pan llega un día en que ya no le merece la pena: deja de comprar el pan, y deja de socializar siquiera para ese intercambio. Un obstáculo mal colocado en la acera puede ser una barrera infranqueable para una persona con discapacidad visual.
Una estación sin ascensor puede impedir utilizar el transporte público a miles de personas que también lo necesitan, y que también lo sufragan con sus impuestos. Instalar ascensores urbanos, rampas mecánicas o recorridos accesibles no es una actuación menor: es ampliar derechos y devolver libertad.
No son cifras, son personas
También debemos entender la movilidad como una cuestión de salud pública. En 2025, 1.119 personas perdieron la vida en siniestros de tráfico en España. No es una estadística. Son 1.119 personas que ya no podrán empezar el curso, o llevar a sus hijos al colegio, celebrar la próxima navidad o casarse con el ser amado.
Pero además el humo que sale de los tubos de escape mata. La Agencia Europea de Medio Ambiente calcula que la exposición a partículas finas por encima de los niveles recomendados por la OMS estuvo asociada en 2023 a 182.000 muertes en la Unión Europea. Y el ruido tampoco es una simple molestia: la exposición crónica al ruido del transporte contribuye cada año en Europa a unas 73.000 muertes prematuras y
49.000 nuevos casos de enfermedades cardiovasculares.
Frente a estas cifras, caminar, pedalear y utilizar el transporte público pueden parecer decisiones individuales, pero también son políticas de salud colectiva. En cualquier reparto modal, el medio más importante es la movilidad peatonal. La Organización Mundial de la Salud advierte de que las personas sedentarias presentan entre un 20 % y un 30 % más de riesgo de muerte. Caminar y desplazarse en bicicleta ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes y algunos tipos de cáncer, además de mejorar la salud mental.
Muchas ciudades avanzan por ahí gracias a alcaldes y alcaldesas que aplicaron políticas valientes, a veces contra la obcecada resistencia de algunos. Otras, como Madrid, representan esa obcecación que ignora la evidencia científica consolidada y niega a sus vecinos una movilidad más racional, sana e igualitaria.
La Ley de Movilidad Sostenible, que reconoce la movilidad como un derecho de la ciudadanía, impulsa esa transformación y facilita coordinar el esfuerzo de ayuntamientos, comunidades autónomas, Gobierno, operadores públicos y empresas privadas para lograr una mejor movilidad.
El próximo gran objetivo debe ser el abono único: que cualquier ciudadano pueda utilizar un solo título para viajar por toda España. Una movilidad más sencilla, integrada y asequible también es una movilidad más igualitaria. Ya no basta con aspirar a una movilidad sostenible. Debemos construir una movilidad saludable, segura e inclusiva. Porque moverse mejor es vivir mejor. Y garantizar ese derecho es ampliar la libertad.
Autor: Alfonso Gil Invernón, senador autonómico vasco y portavoz adjunto del
Grupo Parlamentario Socialista en el Senado.
