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Objetivos posibles para 2020, pero no tanto para 2030

La rápida ratificación del Acuerdo de París por parte de casi todos los países del mundo ha resultado un importante impulso en estos últimos dos años y medio a las políticas para frenar el cambio climático y paliar sus impactos sobre la población mundial. La AEMA analiza qué tipo de políticas se aplican en cada país miembro de la UE para combatir el calentamiento global.

La rápida ratificación del Acuerdo de París por parte de casi todos los países del mundo ha resultado un importante impulso en estos últimos dos años y medio a las políticas para frenar el cambio climático y paliar sus impactos sobre la población mundial.

En el marco de la Unión Europea, la ambición por descarbonizar la economía ha dado lugar a un marco de objetivos -acordado por los propios Estados miembro- para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de cara al 2020 y al 2030. Sin embargo, los países europeos todavía no han adoptando las suficientes medidas nacionales para cumplir sus compromisos de 2030, tal como se desprende del último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).

En el documento, publicado esta semana, la AEMA advierte de que los países europeos sí podrían cumplir sus metas de 2020 con las políticas que a nivel nacional se han desarrollado hasta ahora, pero tendrán que hacer “esfuerzos adicionales”, además de ajustar e implementar las medidas existentes, si aspiran a cumplir las de 2030. “Pese al importante desarrollo de políticas a nivel internacional y europeo, los Estados miembro -a título individual- tomaron pocas nuevas medidas entre los años 2015 y 2017 para abordar los objetivos climáticos de 2030”, afirma este organismo.

Frenazo en las medidas a adoptar

En 2017 los países europeos informaron de un total de 1.500 políticas nacionales encaminadas a la mitigación del cambio climático, que supone un aumento del 9% respecto a los informes de 2015, calcula la AEMA, pese a que todavía no se está informando de todas las políticas nacionales, “ni de sus efectos y costes”. Francia y Bélgica son, con diferencia, los países que más medidas declararon, mientras que Austria, Grecia y Chipre  son los que menos.

Particularmente, “falta información sobre la reducción de emisiones de GEI como resultado de las medidas aplicadas”, precisa la AEMA. Por otra parte, de las medidas que sí fueron reportadas, el 74% ha derivado de la implementación de las políticas comunes europeas.

Sector energético

Hasta la fecha, los países se han centrado sobre todo en instrumentos reguladores y económicos que han perseguido la eficiencia energética (particularmente en edificios), el impulso a las energías renovables y la reducción de emisiones en los vehículos. Según el informe de la AEMA, la eficiencia energética acapara un 34% de las medidas nacionales reportadas por el conjunto de los Estados miembro, seguida del transporte (23%), los residuos (12%) y el cambio en el uso del suelo y la gestión forestal (12%).

En el España, no obstante, el sector donde se concentran más políticas es el transporte, con un 39% de éstas, por delante del consumo de energía (24 %), la oferta de energía (6%), la gestión forestal y uso del suelo (6%), los procesos industriales (5%), la agricultura (5%) y los residuos (4%).

Instrumentos económicos y reguladores, los más empleados

En cuanto a los instrumentos empleados, España ha dado prioridad a los económicos (27%), así como a la planificación (25%) y la regulación (21%), muy por encima de los instrumentos de información y educación (4%), los fiscales (3%) y de investigación (2%), entre otros. Para 25 de los Estados miembro, los instrumentos económicos y de regulación han sido los elegidos en más del 50% de los casos, un patrón muy similar al del informe de 2015. En contraste, los fiscales en 2017 han pasado a ser menos importantes que en 2015. Mientras que sólo un 3% de las políticas españolas para combatir el cambio climático se han servido de instrumentos fiscales, han apostado por la fiscalidad ambiental países como Chipre (23%), Malta (18%), Suecia y Grecia (16%), Holanda (14%) Dinamarca y Finlandia (12%) o Italia (10%).

“En España y Portugal, la planificación es un instrumento dominante”, señala la AEMA, y asevera además que “muchas de las políticas en España parten del Gobierno central pero necesitan ser implementadas por las autoridades regionales y locales. (Texto: ICS/Marta Montojo. Foto: portada del informe “Sharing adaptation information across Europe”, AEMA)

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