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ECODES/Opinión: «Por una ola de renovaciones sin dejar a nadie atrás»

Según los últimos indicadores de pobreza energética en España, el 16,7% de los hogares tiene un gasto energético desproporcionado en relación a sus ingresos. Sorprendentemente, la mayoría de ellos se concentra en las zonas climáticas A y B; es decir, las más cálidas de la Península. Esto refleja que, en muchos casos, los gastos excesivos están principalmente asociados a viviendas poco eficientes, con un aislamiento térmico deficiente o con equipos de calefacción y refrigeración obsoletos, si es que los hay. El hecho de que la mayor parte del 7,6% de la población que no puede mantener en invierno una temperatura de confort en su vivienda se encuentre en la zona climática A -recordemos: la más cálida- lo corrobora.

En este contexto, es esencial mejorar las condiciones de habitabilidad de aquellas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Hasta ahora, la mayoría de las ayudas para rehabilitar viviendas o edificios residenciales se han dirigido a ellas, pero no de manera suficiente. El quinto de la población con menos ingresos no ha visto apenas mejoras en su situación en los últimos años. No podemos permitir que esta tendencia se mantenga. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia puede ser una oportunidad para romper con esta realidad. Pero, ¿cómo?

Las inversiones en rehabilitación energética de viviendas a él asociadas deben cubrir el 100% de los costes de la reforma para la población en situación de vulnerabilidad. Es algo que ya recoge el Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan, pero se deja en manos de las comunidades autónomas el implementar o no estas ayudas adicionales y establecer los criterios que las gobiernan. Si el texto definitivo mantiene esta forma, será necesario que las comunidades introduzcan en sus programas esta cobertura total, siguiendo, por ejemplo, los criterios empleados para el bono social de electricidad. No hacerlo supondría perder una oportunidad que difícilmente va a repetirse.

Por otro lado, el Régimen de comercio de derechos de emisión de CO2 de la Unión Europea (RCDE) que se aplica a la generación de electricidad está aumentando las facturas, ya que las compañías están trasladando los elevados costes de estos derechos a los consumidores. Recientemente, la Unión Europea ha aprobado el comercio de derechos de emisión para edificios asociado al uso de combustibles para calefacción a partir de 2026, lo que podría repercutir igualmente sobre los precios. Ante esta situación, es fundamental que la población más vulnerable pueda introducir energías renovables en sus instalaciones para no tener que hacer frente a un cargo adicional en sus facturas de energía.

Pero para que estas ayudas lleguen a las personas más vulnerables, no basta con dejar fondos a su disposición, ocultos tras montañas de papeleo. Vivir con el agua al cuello no permite dedicar mucho tiempo a buscar, tramitar y ejecutar ayudas. Hace falta que estos fondos se canalicen a través de entidades legitimadas a los ojos de la población, y que cuenten con los saberes para poder materializar las rehabilitaciones. La figura de las oficinas de barrio, que ya hemos visto en numerosos programas, es un buen comienzo, pero deben estar estrechamente relacionadas con los servicios sociales para poder localizar a quienes necesitan hacer efectivas esas subvenciones.

Una vez hemos rehabilitado nuestra vivienda, ¿qué pasa? Mucha de la población en situación de pobreza energética vive en régimen de alquiler. ¿Qué evita que alguien que ha recibido ayudas suba la renta a sus inquilinos al haberse aumentado el valor de la vivienda? Para solventar los problemas a la larga es necesario establecer una serie de salvaguardas sociales que aseguren que el alquiler de viviendas rehabilitadas con fondos públicos a población en situación de vulnerabilidad se mantenga estable durante un periodo considerable de tiempo.

Por último, estos programas pueden servir para aumentar la cantidad de vivienda social que el Estado puede ofrecer. ¿Por qué no exigir que un porcentaje de las viviendas rehabilitadas con fondos públicos se destinen a este fin? Esto sería especialmente aplicable en el caso de los grandes tenedores del país, quienes seguramente quieran mejorar las condiciones de su parque a través de estos programas. Medidas como estas son las que propone la “Alianza por la Rehabilitación de Viviendas Sin Dejar a Nadie Atrás”, formada por más de 17 entidades de la sociedad civil.

Al fin y al cabo, la inversión que se va a realizar en ayudas a la rehabilitación va a ser mayoritariamente pública. No puede servir únicamente para dinamizar la economía y mejorar las condiciones de las empresas del sector de la construcción y rentistas, sino que debe permitir que la transición hacia un modelo energético sostenible y la ola de rehabilitaciones se den para todos, sin dejar a nadie atrás.


Artículo de opinión de Cecilia Foronda y Javier Tobías, directora y técnico del área de Energía y Personas de ECODES

Foto: Las Naves, Ayuntamiento de Valencia.


 

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