Nos acercamos al final de la aplicación de la Estrategia nacional contra la pobreza energética, y sus resultados hasta ahora dejan mucho que desear. Los indicadores para 2022 arrojan valores muy superiores al objetivo mínimo de reducción del 25% respecto a los de 2017. Además, en algunos casos, como en el de la incapacidad de los hogares de mantener su vivienda a una temperatura adecuada, los datos han subido, pasando de un 7,6% de los hogares en 2019 a un 20,7% en 2023.
Es cierto que los retos que se han afrontado durante el plazo de implementación de la estrategia, como la pandemia de COVID-19 o la crisis energética devenida por la guerra de Ucrania, han sido enormes, pero también lo han sido los instrumentos económicos habilitados desde la Unión Europea. El Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia ha supuesto la inyección de 648.000 millones de euros para la inversión en proyectos y reformas[1], de los cuales 69.528 se han articulado en el Estado español a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con 6.820 millones de euros (casi el 10%) dedicados al Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana[2].
Los Presupuestos Generales del Estado de 2023 contemplaron un alza anual de un 5,5% para vivienda[3], lo que permitió el mayor presupuesto en esta materia de los últimos 20 años, y que cerca del 80% de estos fondos se hayan orientado a políticas de rehabilitación. Nunca ha habido tantos fondos disponibles para dinamizar la rehabilitación y poner en marcha la Ola de Rehabilitaciones anunciada por la Comisión Europea con los objetivos de reducir el número de hogares en situación de pobreza energética, mejorar las condiciones en las que se encuentran las viviendas menos eficientes, rehabilitar el parque edificado público y descarbonizar los sistemas de calefacción y refrigeración.
Los planes de rehabilitación nunca habían alcanzado esta amplitud en el conjunto del territorio estatal, con importantes avances en cuanto a sus bases y normativa marco, permitiendo ayudas de hasta el 100% de los costes para los hogares en situación de vulnerabilidad. Estas subvenciones pueden destinarse a la redacción de proyectos y documentos técnicos, permiten obtener anticipos y están exentas de cara al IRPF, algo que hasta ahora no estaba contemplado y había producido increíbles perjuicios a los hogares en situación de vulnerabilidad. No olvidemos el debate público cuando la Seguridad Social reclamó miles de euros a viudas con pensiones mínimas que habían recibido ayudas a la rehabilitación.
Pero estos avances normativos y estas inversiones públicas aún no se han materializado en el ritmo de rehabilitación esperado, y sobre todo, no están aún llegando a aquellos hogares que más lo necesitan. Desde la «Alianza por la rehabilitación de viviendas sin dejar a nadie atrás» hemos iniciado consultas a las distintas comunidades autónomas para contabilizar qué porcentaje del conjunto de las ayudas solicitadas para la rehabilitación a nivel de edificio se corresponden con las adicionales para los hogares en situación de vulnerabilidad, y los datos no alcanzan en la gran mayoría de los casos el 1%.
La normativa y las ayudas están ahí, ¿qué está fallando? Creemos que falta una comunicación y acompañamiento desde la escala local o incluso de barrio, así como una apuesta decidida por la rehabilitación a gran escala, liderada por las administraciones o la sociedad civil. A su vez, aún quedan importantes barreras de cara a la rehabilitación, como que muchas de las ayudas económicas sigan computando a efectos del IRPF, suponiendo importantes perjuicios para los hogares en situación de vulnerabilidad que acaban devolviendo parte de las ayudas finalistas o les impide acceder a otras ayudas de carácter social.
Si algo han demostrado casos de éxito como el de Santa Coloma de Gramenet u Orcasitas es que es imprescindible la implicación ambiciosa del sector público o el impulso vecinal y vital del tejido social para liderar unos procesos de rehabilitación amplios que no dejen a nadie atrás, que sin duda deben contar con el apoyo de las organizaciones del Tercer Sector especializadas en este acompañamiento.
Debemos hacer que la rehabilitación de viviendas sea fácil, accesible y atractiva. De lo contrario, las normativas climáticas europeas que debemos implementar a lo largo de los dos próximos años —como la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios o la aplicación del mercado de emisiones a los edificios, por ejemplo— van a producir las mismas reacciones que produjeron las modificaciones de la Política Agraria Común en el conjunto de Europa. Prueba de ello son las reacciones que ya se dieron en Alemania e Italia contra la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios, a la que se opusieron “en nombre del sentido común y del realismo, como Gobierno pero sobre todo como italianos”, argumentando que los hogares no podrían hacer frente a los costes de rehabilitación.
En este punto, debemos recordar la importancia de las próximas elecciones europeas, ya que fueron los actuales Parlamento y Comisión Europeos los que pusieron en marcha el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia para la reactivación de la vida tras la pandemia. Solo podemos preguntarnos qué hubiera ocurrido con un Parlamento y una Comisión Europeas dominados por grupos ajenos a la justicia social y el bien común, quizás optando por soluciones distintas para estos mismos problemas y dejando a millones de hogares en la estacada.
Para asegurar que nadie queda atrás en la Transición Energética, la trasposición de los documentos aprobados en los últimos meses a nivel europeo, como la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios o el Fondo Social para el Clima, tiene que ser ambiciosa y priorizar la mejora de las condiciones de vida de los hogares más vulnerables.
Debemos poner en marcha un Plan Social para el Clima que prevenga que la ampliación del mercado europeo de emisiones de carbono afecte a los hogares en situación de vulnerabilidad, y un Plan Nacional de Rehabilitación de Edificios, que establezca unos objetivos ambiciosos para 2030, 2040 y 2050 respecto a la mejora de nuestro parque edificado, sin dejar a nadie atrás. No podemos permitirnos que estos documentos, probablemente redactados desde ministerios diferentes, carezcan de coherencia, ambición o recursos, perdiendo la oportunidad de que la política social y de vivienda incorpore una perspectiva climática. La rehabilitación de nuestros hogares es un paso necesario para asegurar el derecho a una vivienda adecuada, no podemos tropezar.
[1] Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: Ministerio de Hacienda
[2] Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Componente 2 – Implementación de la Agenda
Urbana española: Plan de rehabilitación y regeneración urbana.
[3] Observatorio de Vivienda Asequible – Provivienda, 2023
Autor:
Alianza por la rehabilitación de viviendas sin dejar a nadie atrás