Durante años hemos entendido el precio del aparcamiento como una cuestión vinculada, sobre todo, al valor del suelo y a la disponibilidad de espacio. Hoy esa lógica empieza a cambiar. En las ciudades españolas, el estacionamiento comienza a virar hacia una herramienta de política ambiental y de gestión de la movilidad, y el debate que se abre para los próximos años es cómo utilizarla sin reducirla a una simple penalización al vehículo privado.
La tarificación basada en las emisiones de contaminantes, en Europa, no presenta un único modelo. París ha introducido una tarifa específica para los vehículos más pesados, especialmente asociada a los SUV, con umbrales diferentes en función de su peso y motorización. La medida se complementa con otras políticas de restricción del tráfico, similares en parte a las ZBE españolas.
Londres ha trasladado el principio al acceso a la ciudad: la ULEZ establece un pago diario de 12,50 libras para los vehículos que no cumplen determinados estándares de emisiones. Milán, por su parte, combina ambas lógicas en el Area C: regula el acceso al centro de la ciudad en función de las características del vehículo y, al mismo tiempo, establece una tarifa de entrada. Se sitúa así en un punto intermedio entre una política de restricción ambiental y un sistema de tarificación por acceso
Son instrumentos distintos, pero comparten una idea: el coste de utilizar el espacio urbano o acceder a determinadas zonas puede incorporar el impacto ambiental y las características físicas del vehículo.
Con todo esto encima de la mesa, ¿qué ocurre en España? ¿Cómo podemos plantear un sistema de este tipo, adaptado a nuestras ciudades, infraestructuras y necesidades?
La discusión no debería centrarse en decidir si se debe cobrar más o menos. Antes de establecer una tarifa debemos preguntarnos qué queremos conseguir con ella. El precio no debería ser el objetivo de la política de movilidad, sino una herramienta para modificar determinados comportamientos. Y para que funcione, la ciudadanía tiene que entender qué se persigue y disponer de alternativas reales.
Esto obliga también a preguntarnos qué criterios debería incorporar un buen sistema de tarificación. Las emisiones son uno de ellos, pero no necesariamente el único. El tamaño y el peso del vehículo, el espacio público que ocupa, la zona en la que circula o estaciona, la franja horaria o el nivel de congestión pueden ser también variables a considerar.
No todos estos criterios tienen que aplicarse a la vez ni de la misma manera. Precisamente, una de las principales conclusiones que podemos extraer de las experiencias europeas es que no existe una fórmula única. Fijar objetivos es importante. Si queremos reducir emisiones, el componente ambiental deberá tener un peso determinante. Si queremos disminuir la congestión, es más importante el lugar y el momento del desplazamiento. Y si queremos gestionar mejor un espacio público, las dimensiones del vehículo o el tiempo de estacionamiento también pueden formar parte de la ecuación. La tarifa debe responder al problema que queremos resolver y no al revés.
A esta reflexión hay que incorporar necesariamente la equidad. Una misma tarifa puede tener efectos muy distintos según quién tenga que asumirla. No todos los desplazamientos tienen las mismas alternativas. Moverse en un entorno bien conectado por transporte público no es lo mismo que hacerlo en un territorio donde el vehículo privado sigue siendo la única opción viable.
Por todo ello, si queremos que la ciudadanía modifique sus hábitos de movilidad, debemos ofrecer alternativas competitivas: un transporte público que responda a las necesidades reales, buenas condiciones para los desplazamientos a pie y en bicicleta, aparcamientos de intercambio modal o soluciones de movilidad compartida, entre otras.
También será necesario prever situaciones específicas como el motivo del desplazamiento o introducir criterios ambientales para diseñar sistemas tarifarios flexibles.
La tecnología nos permite avanzar hacia modelos mucho más precisos. La digitalización del estacionamiento, la lectura de matrículas y la disponibilidad de datos hacen posible aplicar tarifas diferenciadas y, sobre todo, evaluar sus resultados.
España tiene la oportunidad de aprovechar la experiencia de otras ciudades sin reproducir ninguno de sus modelos. No se trata de elegir entre uno u otro sino de diseñar el instrumento adecuado.
Autora: Ana Solà, Directora y CEO de CINESI.
